Ciudadanos de El Oro bloquean Palacio Municipal por crisis administrativa y exigen salida de la alcaldesa
Este 16 de enero de 2026, vecinos y pobladores del municipio de El Oro, Estado de México, protagonizaron una protesta frente al Palacio Municipal, en respuesta a una profunda crisis administrativa que afecta al ayuntamiento. El cierre simbólico de las instalaciones fue impulsado por ciudadanos que denunciaron la ausencia de servicios públicos básicos, adeudos millonarios y la falta de autoridad operativa en la gestión municipal.
Los manifestantes, integrados por habitantes y trabajadores de distintas comunidades, demandaron la destitución de la presidenta municipal, Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, a quien responsabilizan del colapso de los servicios y de la gestión opaca de los recursos públicos del municipio.
La movilización estalló tras meses de inconformidad social por deficiencias en servicios como recolección de basura, suministro de agua potable y alumbrado público, que han impactado directamente en la calidad de vida de los ciudadanos de El Oro.
Durante la protesta, los vecinos cerraron los accesos al Palacio Municipal como medida de presión, denunciando además la falta de transparencia en la administración de recursos y adeudos salariales con trabajadores municipales.
En meses recientes, el conflicto se agudizó con acusaciones internas del propio gobierno municipal: el tesorero Carlos Felipe Sánchez Florentino acusó públicamente que la alcaldesa tomó el control de las cuentas bancarias del ayuntamiento de manera arbitraria desde diciembre de 2025, lo que, según él, ha generado incertidumbre financiera y riesgos en la operación del gasto público.
La crisis administrativa ha repercutido en la vida cotidiana de los habitantes de El Oro, quienes han tenido que enfrentar interrupciones en servicios básicos y una percepción de ingobernabilidad. El cierre simbólico del ayuntamiento evidenció la creciente frustración con la gestión municipal y el desgaste de la confianza entre autoridades y ciudadanía.
Además, comerciantes locales han denunciado que la clausura del rastro municipal ha provocado un aumento en los precios de la carne, ya que ahora deben abastecerse en municipios vecinos, afectando la economía local.
Los manifestantes exigieron un Cabildo abierto para discutir los problemas administrativos y financieros que aquejan al municipio, así como la presentación de cuentas claras sobre el uso de los recursos públicos.
