Denuncian a diputado del PT durante marcha del 8M en Ecatepec
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, una denuncia pública llamó la atención durante la marcha del 8 de marzo en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Durante la movilización, una mujer señaló públicamente a un diputado local del Partido del Trabajo (PT) por presunto incumplimiento en el pago de pensión alimenticia.
La manifestación, que reunió a colectivas feministas y ciudadanos que exigían justicia y el fin de la violencia de género, partió del Puente de Fierro hacia el centro del municipio. En este contexto, la denunciante aprovechó el espacio para visibilizar su caso y pedir la intervención de las autoridades.
La denuncia fue realizada por Fernanda de la Rosa, expareja del legislador local del PT, Isaac Josué Hernández Méndez, y madre de sus dos hijos. Durante la marcha, la mujer levantó la voz para señalar que el diputado presuntamente mantiene una deuda de pensión alimenticia desde hace aproximadamente ocho años.
De acuerdo con su testimonio, el proceso legal ha enfrentado retrasos prolongados en juzgados familiares de Ecatepec, lo que ha impedido que el caso avance con la rapidez esperada. La denunciante aseguró que la situación ha afectado directamente a sus hijos y a su estabilidad económica.
La mujer también solicitó públicamente que las autoridades revisen el actuar de los juzgados familiares en el municipio, argumentando que las decisiones judiciales han permitido que el conflicto continúe sin resolverse. En su intervención durante la movilización, pidió que el caso sea analizado con mayor rigor.
Impacto en la comunidad o sociedad
La denuncia generó reacciones entre participantes de la marcha y colectivas feministas presentes en la movilización. Para muchas manifestantes, el caso refleja problemáticas más amplias relacionadas con la violencia económica y la falta de cumplimiento de responsabilidades parentales.
Activistas señalaron que situaciones como esta evidencian la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de garantizar los derechos de las mujeres y de las infancias, especialmente en procesos relacionados con pensiones alimenticias.
Además, el caso se da en un contexto donde las marchas del 8M buscan visibilizar distintas formas de violencia que enfrentan las mujeres, no solo en el ámbito físico o psicológico, sino también en el económico y legal.
Durante la manifestación, la denunciante afirmó que el legislador presuntamente ha utilizado su posición política para influir en el proceso judicial. Según sus declaraciones, esto habría contribuido a retrasar la resolución del caso.
También aseguró que ha recibido amenazas para desistir de la denuncia, lo que ha generado preocupación por su seguridad. A pesar de ello, señaló que decidió hacer pública la situación durante la marcha para visibilizar el problema y buscar respaldo social.
Colectivas feministas que participaron en la movilización manifestaron su apoyo a la denunciante y reiteraron la importancia de denunciar públicamente casos que consideren injustos o que involucren posibles abusos de poder.
El caso podría generar una mayor atención pública sobre los procesos de pensión alimenticia en el Estado de México, especialmente cuando involucran a figuras políticas o funcionarios públicos. También podría motivar a autoridades judiciales a revisar el expediente y acelerar las investigaciones correspondientes.
