Desalojan al PT: la necedad política cobra factura
La crisis interna del Partido del Trabajo (PT) alcanzó este miércoles 14 de enero un punto definitivo con la ejecución del desalojo del inmueble que ocupaba el instituto político, luego de una serie de intentos fallidos por evitar el cumplimiento de la ley. La situación, que durante semanas se mantuvo en un limbo administrativo y político, terminó por resolverse ante la falta de acuerdos reales y la persistencia en prácticas de simulación.
Los diputados Óscar González Yáñez y Ana Yurixi Leyva Piñón quedaron en el centro de la polémica, al ser señalados como los principales responsables de prolongar un conflicto que, desde distintos frentes, ya había sido considerado insostenible. La decisión de estirar el conflicto terminó por generar una consecuencia inevitable.
De acuerdo con los hechos, la dirigencia del PT optó por una estrategia de desgaste, confiando en que el problema se diluiría con el paso del tiempo. En lugar de atender las disposiciones legales, se intentó negociar lo que jurídicamente no era negociable, provocando un mayor enrarecimiento del ambiente político.
Las mesas de diálogo que se anunciaron públicamente fueron calificadas por diversos actores como simulaciones sin voluntad real de solución. Mientras se hablaba de acuerdos, las acciones concretas para regularizar la situación del inmueble nunca llegaron.
El inmueble en cuestión dejó de ser un simple trámite administrativo para convertirse en un símbolo de incongruencia política. La falta de coherencia entre el discurso público del partido y sus acciones internas comenzó a generar críticas incluso entre simpatizantes y militantes.
Desde el ámbito jurídico, la situación era clara: no existían condiciones legales para sostener la permanencia del PT en el inmueble. Sin embargo, la dirigencia insistió en prolongar el conflicto, apostando a un desgaste institucional que no se concretó.
El desalojo del PT confirma que la simulación política tiene un límite. La insistencia en negociar desde la incongruencia y el incumplimiento legal derivó en una consecuencia anunciada. Este episodio deja una lección clara: cumplir la ley no es un discurso, es una obligación.
La jornada del 14 de enero quedará marcada como el momento en que la necedad política se agotó y la realidad jurídica terminó por imponerse, recordando que, en política, las decisiones tienen consecuencias.
