Detienen a dos policías de Temoaya por presunto homicidio calificado
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó una orden de aprehensión contra dos elementos de la policía municipal de Temoaya, identificados como Berta “N” e Ismael Jair “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado con ventaja. Este acontecimiento se dio a conocer el 8 de enero de 2026, generando fuerte atención sobre la actuación de cuerpos policiacos en el municipio.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en la colonia Solalpan, Primera Sección, cuando los ahora detenidos habrían interceptado a la víctima, quien ya estaba herida tras un disparo, y presuntamente lo golpearon, le despojaron de sus pertenencias y lo obligaron a ocultarse en un campo de cultivo, lo que derivó en su fallecimiento.
La investigación ministerial, respaldada tanto por la FGJEM como por medios locales, indica que el incidente se habría registrado originalmente el 17 de septiembre de 2025. Ese día, los policías circulaban en un vehículo oficial cuando se acercaron a la víctima y dos acompañantes en el kiosco de la colonia Solalpan.
Tras una interacción inicial, la víctima habría intentado escapar luego de reconocer a uno de los oficiales como su agresor, ya que presuntamente lo había golpeado y robado con anterioridad. Sin embargo, metros más adelante fue interceptado nuevamente y, según la carpeta de investigación, los elementos accionaron sus armas de cargo contra él.
Posteriormente, y a pesar de que el hombre estaba herido, se afirma que ambos uniformados descendieron de la unidad, agredieron a la víctima físicamente, le sustrajeron sus pertenencias y lo obligaron a ocultarse en una milpa. Además, se reportó que la oficial Berta “N” habría amenazado de muerte a un testigo que intentó auxiliarlo.
Hasta el momento, no se han difundido declaraciones públicas oficiales por parte de los familiares de la víctima o de los propios policías involucrados. Sin embargo, las autoridades han enfatizado que, pese a la gravedad de los hechos, los imputados se presumen inocentes hasta que un juez determine lo contrario conforme al debido proceso.
