Ecocidio con fuero: denuncian tala de árboles para “mejorar la vista” de oficinas del diputado Octavio Martínez en Ecatepec
En Ecatepec, donde respirar aire limpio ya es un lujo, la tala de árboles parece ser un privilegio reservado para la clase política. Ciudadanos denunciaron la remoción de árboles sobre la avenida Adolfo López Mateos, presuntamente para favorecer la visibilidad de las oficinas de atención ciudadana del diputado local Octavio Martínez Vargas, en un hecho que ha sido calificado como un nuevo ecocidio urbano.
Mientras a los habitantes se les multa, criminaliza y amenaza por podar una rama sin permiso, a los políticos se les permite borrar áreas verdes completas cuando estas estorban a su imagen o estrategia política. La indignación no tardó en estallar.
De acuerdo con múltiples denuncias ciudadanas, los árboles fueron derribados sin que se mostrara públicamente autorización de la PROPAEM o del ayuntamiento. Hasta ahora, ninguna dependencia ha salido a explicar bajo qué criterios ambientales se justificó la tala, ni si existió un dictamen técnico que avalara la remoción.
Las críticas apuntan directamente a que la tala no responde a una necesidad urbana, sino a una estrategia política burda: despejar la zona para que las oficinas del diputado “luzcan”, aunque eso implique condenar a los vecinos a más calor, contaminación y deterioro ambiental.
Ecatepec es uno de los municipios con menor cobertura arbórea del Estado de México. Cada árbol derribado empeora la crisis ambiental, incrementa la temperatura, reduce la captación de agua y afecta directamente la salud de miles de personas.
Para los vecinos, el mensaje es claro: las leyes ambientales solo aplican para el pueblo. Si un ciudadano común tala un árbol, enfrenta sanciones; si lo hace un político con fuero, se le llama “reordenamiento urbano”.
Esta acción refuerza la percepción de que el poder político en Ecatepec opera con impunidad, ignorando tanto la ley como el bienestar colectivo.
En redes sociales, el diputado ha sido duramente criticado por lo que usuarios califican como un acto de soberbia y abuso de poder. También se ha señalado la incongruencia de presumir una supuesta labor social mientras se destruye el entorno que sostiene a la comunidad.
La atención también se ha dirigido hacia la alcaldesa de Ecatepec, a quien se le exige responder si autorizó la tala o si permitió que su operador político actuara “por sus calzones”, como señalan ciudadanos molestos por la falta de transparencia.
Hasta ahora, el silencio institucional ha sido la única respuesta.
