Extorsión Institucionalizada en el Estado de México, denuncian empresarios
Empresarios dedicados a la distribución de gasolina y gas en municipios del norte del Estado de México denunciaron presuntas prácticas de extorsión sistemática que, aseguran, serían operadas por funcionarios estatales y elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
De acuerdo con los testimonios recabados, bajo condición de anonimato por temor a represalias, las presuntas extorsiones siguen un mismo patrón. En todos los casos, personal que se identifica como autoridad llega a los establecimientos armado, intimida a trabajadores y propietarios, y anuncia la realización de una “inspección”, sin presentar orden judicial, mandamiento escrito ni documento alguno que justifique el acto de autoridad.
Los afectados señalan que los funcionarios únicamente se identifican con “la charola” y acceden a las instalaciones sin orden de cateo, requisito legal indispensable para ingresar a un inmueble privado. Durante la revisión, argumentan supuestas “irregularidades” y amenazan con clausurar el establecimiento, imponer multas elevadas o suspender operaciones.
Según las denuncias, el procedimiento deriva en una propuesta de “arreglo”, bajo el argumento de que así se evitarían sanciones y pérdidas económicas, presentando el acto como un favor o una muestra de “buena voluntad” hacia el empresario. Para las víctimas, se trata de un esquema de cobro ilegal institucionalizado.
Los empresarios aseguran que no se trata de hechos aislados, sino de una práctica recurrente en la que estarían coludidos funcionarios de campo —como policías ministeriales— y personal administrativo que posteriormente justifica los actos como si fueran legales, encubriendo conductas que, afirman, constituyen delitos.
“Además de cuidarnos de los criminales y de las bandas, ahora tenemos que cuidarnos de los criminales con charola”, expresaron algunos de los afectados.
Ante este escenario, los denunciantes consideran urgente que las instancias anticorrupción fortalezcan los mecanismos de denuncia, garanticen el anonimato y brinden protección real a quienes se atreven a señalar presuntos actos de corrupción cometidos desde el propio aparato del Estado.
Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades señaladas.
