Masacre en Salamanca: mensaje criminal y herencia de un narcoestado protegido
Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:30 horas en las canchas conocidas como “Campos de las Cabañas”, en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Sujetos armados arribaron a bordo de camionetas y abrieron fuego de manera indiscriminada contra niños, mujeres y hombres. No fue un ataque fortuito ni un enfrentamiento: fue una masacre planeada, ejecutada con la clara intención de exhibir poder, sembrar terror y enviar un mensaje criminal en uno de los estados más golpeados por la violencia en México.
El saldo oficial confirmó 11 personas asesinadas: 10 murieron en el lugar y una más falleció mientras recibía atención médica, informó el gobierno municipal. La pregunta inmediata es inevitable:
¿Por qué atacar salvajemente a un equipo de futbol local? ¿A quién buscaban eliminar? ¿Cuál era el objetivo real?
La información que ha trascendido apunta a que algunos integrantes del equipo trabajaban en una empresa de seguridad presuntamente ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este dato cobra relevancia en el contexto de la guerra abierta entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima, grupos antagónicos desde que el CJNG expandió su operación en Guanajuato durante el gobierno panista de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (2018-2024), con Carlos Zamarripa Aguirre como fiscal general del estado.
De acuerdo con versiones surgidas incluso desde los propios grupos criminales, Diego Sinhue y Zamarripa habrían mantenido acuerdos de protección, primero con el Cártel de Santa Rosa y posteriormente, tras el debilitamiento de este grupo, con el CJNG. Estas maniobras incrementaron la rivalidad, dispararon la violencia y convirtieron el control territorial en un negocio multimillonario, del cual sectores políticos panistas obtuvieron beneficios.
El resultado fue devastador: Guanajuato se consolidó como un narcoestado, y durante el sexenio de Diego Sinhue se convirtió en la entidad más violenta del país, bajo la complacencia y protección del fiscal Zamarripa. Durante seis años, el entonces gobernador bloqueó sistemáticamente la entrada de fuerzas federales, pese a los llamados reiterados del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para remover al fiscal por sus nexos criminales, omisiones graves y absoluta pasividad ante la violencia. Zamarripa nunca investigó nada. Nunca tocó a nadie. Pero contó siempre con el respaldo del gobernador, la cúpula panista y sectores empresariales.
La masacre de Salamanca es, sin lugar a dudas, una limpia entre cárteles y un mensaje directo entre el Cártel de Santa Rosa y el CJNG, ambos aún operando en Guanajuato bajo el manto de protección heredado por Diego Sinhue y Zamarripa.
El alcalde de Salamanca, César Prieto, condenó los hechos mediante un video difundido en redes sociales, donde por primera vez reconoció públicamente la gravedad de la inseguridad en el municipio. Mencionó otros hechos recientes: el homicidio de cinco hombres en Cuatro de Altamira, otro asesinato en San Vicente de Flores y el hallazgo de bolsas con restos humanos en San Antonio de Flores. Ante este escenario, solicitó la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Libia Dennise García para recuperar la paz en Salamanca.
Este reconocimiento no cayó bien en la cúpula panista, que intenta mantener una narrativa de control inexistente. Aunque se sostiene un pacto de civilidad entre el gobierno estatal y el federal, la realidad es contundente: Guanajuato sigue siendo un narcoestado, donde no se permite una intervención federal contundente, ni un trabajo serio de inteligencia que ataque simultáneamente a los delincuentes y a las autoridades que los protegen, evitando además el “efecto cucaracha” y el reciclaje de criminales en estructuras de poder.
Hoy, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo vive autoexiliado en Estados Unidos, específicamente en Dallas, Texas, en una residencia de lujo valuada en más de 20 millones de pesos. Curiosamente, en el mismo estado donde reside otro exgobernador prófugo, Francisco García Cabeza de Vaca, señalado por vínculos criminales y por colaborar como informante de agencias estadounidenses.
Las líneas de investigación sobre la masacre apuntan a Moisés Soto Bermúdez, ligado al grupo de choque conocido como “Los Marros”, célula que opera bajo el mando de Mario Eleazar Lara Belman, alias “El Negro”, “Camorro” o “Gallo”, jefe criminal dedicado a homicidios, extorsión y distribución de droga en Irapuato. Lara Belman es considerado objetivo prioritario.
La Fiscalía General de Guanajuato sabe todo.
Y no hace nada.
A nadie sorprende.
Los guanajuatenses se acostumbraron a esto durante los años de Zamarripa y Diego Sinhue.
