Samara Martínez: su lucha para legalizar la eutanasia en México alcanza el Senado
En una entrevista con El Universal, la activista Samara Martínez reafirmó su compromiso de lograr que la eutanasia sea legal en México. Diagnosticada con múltiples padecimientos crónicos y declarada en estado terminal, Martínez ha dedicado los últimos años a promover una iniciativa conocida como Ley Trasciende, con el objetivo de reconocer el derecho a morir con dignidad para personas con enfermedades incurables.
Su motivación personal nace tras la pérdida de un segundo trasplante y el vivir conectada a máquinas de soporte vital, lo cual le llevó a reflexionar sobre el sufrimiento y la dignidad humana al final de la vida. A partir de esa experiencia, decidió convertirse en la voz y motor de una reforma legislativa que podría transformar el panorama legal en torno a la muerte asistida en México.
Samara Martínez recuerda que desde joven tuvo una vida marcada por la adversidad médica; con diagnósticos de hipertensión, dislipidemia mixta, insuficiencia renal crónica y lupus, su vida dio un giro radical cuando los tratamientos dejaron de ofrecer mejoras sustanciales.
La propuesta legislativa que impulsa, la Ley Trasciende, busca reformar la Ley General de Salud para permitir que personas con enfermedades crónico-degenerativas o terminales, en pleno uso de sus facultades mentales y después de un diagnóstico médico certificado, puedan solicitar eutanasia o muerte médicamente asistida.
Esta iniciativa fue presentada formalmente ante el Senado de la República acompañada por más de 128 mil firmas ciudadanas, y ha abierto un debate nacional sobre la autonomía del individuo y su derecho a decidir sobre el final de su vida.
Actualmente en México, tanto la eutanasia como el suicidio asistido están prohibidos y están tipificados como delito en la Ley General de Salud, por lo que esta propuesta implicaría un cambio estructural importante en el sistema jurídico nacional en torno al derecho a una muerte digna.
La Ley Trasciende se ha convertido en centro de discusiones públicas, foros legislativos y conversatorios, con posturas tanto a favor como en contra. Organizaciones que defienden la vida digna ven en esta legislación un avance en derechos humanos, mientras que sectores conservadores y la Iglesia han expresado rechazo, argumentando que la sociedad debe enfocarse en ampliar los cuidados paliativos antes de considerar la eutanasia.
